Estas leyes abren una oportunidad para avanzar hacia ciudades más resilientes, equitativas y centradas en las personas, comentó Martín Andrade en Doble Click.

La reciente aprobación del proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial, junto con la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.763, representa uno de los avances más relevantes de la última década en materia de desarrollo urbano en Chile. Ambas normativas buscan corregir déficits estructurales del sistema de planificación, combinando mayor agilidad institucional con una mirada más integral y centrada en las personas.

Durante la primera semana de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de forma unánime el proyecto que permitirá reducir los plazos de elaboración de los planes reguladores a entre 18 y 24 meses, enfrentando una realidad crítica: hoy estos instrumentos tienen, en promedio, más de 20 años de antigüedad, y muchos procesos de actualización pueden tardar hasta siete años en completarse. “La planificación urbana en Chile llevaba años atrapada en procesos excesivamente largos, con equipos municipales muy reducidos y con instrumentos que no lograban responder a la velocidad de los cambios urbanos”, explicó Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, en conversación con Tele13 Radio. “Reducir los plazos y fortalecer las capacidades técnicas es clave para que los planes reguladores vuelvan a ser una herramienta efectiva de desarrollo urbano”, agregó.

La nueva normativa también introduce criterios como la definición de densidades mínimas en zonas bien conectadas a transporte y servicios, aprovechando mejor las inversiones públicas en movilidad e infraestructura. “El Estado invierte miles de millones en transporte público, pero muchas veces son pocas las personas que logran beneficiarse de esas mejoras. Esta ley permite corregir esa incoherencia”, señaló Martín.

En paralelo, la Ley N.º 21.763 modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones al establecer de manera obligatoria criterios de seguridad, accesibilidad universal y bienestar en la planificación y diseño de los espacios públicos. “Antes, muchos de estos criterios eran solo recomendaciones. Hoy pasan a ser obligaciones legales, lo que le da una fuerza muy distinta a la planificación urbana y al diseño del espacio público”, destacó Andrade, subrayando que el entorno urbano influye directamente en la seguridad, la cohesión social y la calidad de vida.

Claves

Proyecto de ley para el Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Planificación Territorial

– Reduce los plazos para la elaboración de planes reguladores a un periodo de entre 18 y 24 meses.
– Fortalece la rendición de cuentas de las autoridades y garantizando una gestión transparente y eficiente.
– Permite establecer densidades mínimas en zonas estratégicas que cuenten con acceso a transporte y servicios.
– Amplía herramientas de gestión urbana: Consolida mecanismos de asociatividad entre el Serviu y entidades públicas o privadas para enfrentar el déficit con proyectos de gran escala, la habilitación normativa o los planes de remodelación.
– Fortalece las capacidades técnicas en los territorios para una actualización constante de los planes.

Ley N.º 21.763 (modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones)

– Exige que IPT consideren expresamente la incorporación de espacios públicos seguros y accesibles para todos.
– Busca integrar criterios de seguridad, accesibilidad universal y calidad de uso en los espacios públicos, como plazas, parques y veredas.
– Establece nuevas referencias legales que deberán ser consideradas tanto por las municipalidades como por las instancias sectoriales involucradas.

Planes Reguladores: Estudio Cámara Chilena de la Construcción 2025

– 11 regiones poseen al menos un PRI o PRM, con una antigüedad promedio de 18 años de estos instrumentos.
– 269 cuentan con PRC (96% de población urbana), pero con promedio de 23 años de antigüedad.
– 77 comunas no cuentan con PRC, aunque hay 42 planes en proceso de formulación.
– Legislación vigente: PRM, PRI y PRC deben actualizarse cada 10 años.