Las veredas deterioradas, los obstáculos en el espacio público y las dificultades para utilizar el transporte siguen limitando la autonomía de miles de personas.
Cada año, la Teletón moviliza a Chile en torno a la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, existe un desafío que comienza precisamente fuera de los centros especializados: las condiciones que encuentran las personas al desplazarse hacia sus hogares, establecimientos educacionales, centros de salud y espacios públicos. En un nuevo Doble Click de Tele13 Radio, Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, destacó la necesidad de ampliar la mirada sobre la inclusión y abordar las barreras urbanas que todavía dificultan la autonomía cotidiana.

“Hay vehículos mal estacionados, comercio ambulante y un montón de factores que hacen que nuestras ciudades, lamentablemente, no por un tema de infraestructura necesariamente, sino que también por un tema de comportamiento no podamos avanzar. Tenemos leyes y  normas, se han definido varias veces criterios, guías y metas que ha tomado el país con respecto al tema de la inclusión”, señaló Martín, destacando que la accesibilidad requiere tanto infraestructura adecuada como responsabilidad ciudadana.

Según el sondeo de Accesibilidad e Inclusión Urbana de la Universidad Andrés Bello (2025), realizado a 2.112 personas, el 56,9% identifica las veredas deterioradas como un obstáculo para desplazarse, mientras que el 52,1% menciona los vehículos mal estacionados y el 44,3% el comercio ambulante. A ello se suma el informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible 2026–2035 de la Cámara Chilena de la Construcción, que estima una inversión necesaria de US$3.915 millones para mejorar espacios públicos de movilidad en 21 ciudades chilenas, incluyendo aceras, arborización e iluminación.

Las consecuencias de estas barreras también se reflejan en los tiempos de desplazamiento. Una medición realizada en octubre de 2026 por el Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica (Catlec), con participación de investigadores de las universidades Católica y Andrés Bello, identificó diferencias de hasta un 40% en los tiempos de viaje de personas con movilidad reducida respecto de recorridos comparables, lo cual puede representar entre 15 y 20 minutos adicionales, asociados a dificultades en veredas, conexiones peatonales, transporte e información accesible.

Pese a estas brechas, Chile también registra avances importantes. Martín mencionó que en Santiago, el 87% de la flota de buses dispone de elementos de accesibilidad y todas las estaciones de Metro cuentan con ascensores desde 2020. Otro ejemplo es la apertura del Instituto Teletón O’Higgins, en enero de 2026, que permitió acercar servicios especializados a una región donde anteriormente más de 1.200 pacientes debían trasladarse hacia Santiago o Maule para recibir atención.

“Y al mismo tiempo también, y pensémoslo positivo, la Teletón, esta gran instancia que nos conecta, que nos une, está esta posibilidad como de mirar y ampliar la mirada de cómo podemos justamente llevar la inclusión a todos los lugares”, director ejecutivo de Corporación Ciudades, junto con enfatizar que que las mejoras de accesibilidad benefician no solamente a personas con discapacidad, sino también a personas mayores, familias con coches infantiles y quienes enfrentan dificultades temporales de movilidad.

En tal sentido, el desafío adquiere especial relevancia ante el envejecimiento de la población. De acuerdo con el Censo 2024, las personas mayores de 65 años representan el 14% de la población nacional, mientras que el III Estudio Nacional de la Discapacidad (2022) estimó que el 17,6% de la población adulta presenta discapacidad. Por ello, contar con veredas continuas, cruces adecuados, transporte accesible y servicios próximos será cada vez más determinante para la calidad de vida de las ciudades.

Para Martín, avanzar requiere incorporar la accesibilidad universal en las decisiones de planificación, inversión y conservación de la infraestructura urbana, considerando las diferencias existentes entre comunas y barrios. También resulta fundamental mejorar la información disponible para identificar barreras, priorizar intervenciones y evaluar si los recorridos cotidianos permiten desplazamientos seguros y autónomos. “No es un problema de que no haya leyes o normas, sino que tenemos que entender bien cuánto hemos avanzado. Hay poca información, no existe un catastro homologado, por ejemplo, asociado al estado de las veredas”, advirtió, poniendo énfasis en la necesidad de contar con mejores diagnósticos y mecanismos de fiscalización.

Algunos datos

• 17,6% de la población adulta presenta discapacidad (III ENDISC, 2022).
• 56,9% identifica las veredas deterioradas como obstáculo para desplazarse (UNAB, 2025).
• Hasta 40% de diferencia en tiempos de viaje para personas con movilidad reducida en los recorridos comparados (Catlec, 2026).
• US$3.915 millones  de inversión estimada para mejorar espacios públicos de movilidad en 21 ciudades (IDS, CChC 2026-2035).