Junto a la evidente preponderancia del foco sanitario al que hoy obliga el coronavirus, también hay otras urgencias relacionadas con su profundo impacto económico y la necesaria reactivación económica que se deberá impulsar con máxima fuerza.

Así como esta pandemia ha impulsado discusiones globales sobre cómo planificar ciudades más justas, tal vez también sea la oportunidad para ver cómo maximizar presupuestos públicos cada vez más estresados, impulsando de paso el aporte local de proyectos que permitan mejorar nuestras ciudades.

La planificación territorial en Chile se caracteriza por su alto grado de compartimentación. Un estudio desarrollado por la OCDE establece que los ministerios sectoriales trabajan aisladamente, con poca alineación e integración entre las áreas de políticas y las inversiones.

En muchos casos, la delimitación de funciones no está del todo clara, y la coordinación de sectores se dificulta aún más por la escasa o nula participación de los gobiernos subnacionales. Además, los proyectos locales en nuestro país representan sólo el 12% del total de la inversión pública, mientras que el promedio de los países OCDE alcanza un 55%. Esto significa que la manera de agrupar las iniciativas de inversión se basa en partidas sectoriales, y que sólo se podrán financiar proyectos que quepan dentro del marco presupuestario -o umbral máximo de gasto- en un año calendario.

Esta “arquitectura presupuestaria” hace imposible comprender el impacto sinérgico que determinados proyectos pueden significar en un sector determinado. Es decir, presupuestos que impactan sobre un mismo territorio pueden verse separadamente, por ejemplo, en subcomisiones distintas del MOP, del MINVU, o del Ministerio del Interior que fija los recursos del FNDR.

De esta manera, es difícil saber con exactitud cuánto se invierte en ciudad o entorno urbano, y se desaprovechan las sinergias que podrían permitir las miradas locales más integrales.

A nivel local, los municipios están facultados para financiar obras de mejoramiento urbano de menor escala, como arreglar veredas o construir plazas, pero su cantidad y calidad dependerán de sus niveles de recaudación. Es decir, las comunas con altos ingresos logran financiar más y mejores obras, que aquéllas donde buena parte de sus recursos se van, por ejemplo, al retiro de basura o funcionamiento de colegios. La redistribución que se hace el Fondo Común Municipal está lejos de emparejar esta evidente inequidad territorial.

Si el coronavirus ha empujado en el mundo a repensar las ciudades, y si sabemos que la reactivación económica activará proyectos urbanos, ¿no será el momento para revisar si nuestras estructuras administrativas están acorde a los tiempos y a las múltiples dimensiones que se deben considerar? Sinergias, miradas integrales y participación local deben ser parte de las nuevas ecuaciones que permitan optimizar los recursos públicos, para que cada peso invertido impacte, sin diluirse, con máxima fuerza en la calidad de vida de las personas.

 Juan Manuel Sánchez, director Ejecutivo de Corporación Ciudades

Diario Financiero 11 junio 2020